La Nueva Ley de Riesgos de Trabajo: un retroceso en la protección de los derechos de los trabajadores.

– Introducción:

  • El pasado 15 de febrero de 2017, el Congreso de la Nación sancionó la ley 27.348, que complementa el régimen de accidentes de trabajo establecido por las leyes 24.557 y 773. Esta norma, cuya creación fue anunciada como un antídoto para evitar la proliferación de los litigios que abarrota la justicia del trabajo, establece diversas modificaciones a la legislación vigente, pero la variante fundamental es que crea una instancia administrativa, de carácter obligatorio, a los fines que las llamadas comisiones administrativas jurisdiccionales determinen el carácter profesional de las enfermedades del trabajador, su porcentaje de incapacidad y las indemnizaciones que le corresponden por haber sufrido un accidente de trabajo.

A continuación, se reseñarán las diversas modificaciones establecidas por el nuevo régimen y, en particular, se analizará la constitucionalidad del establecimiento de una nueva instancia administrativa que reemplaza la posibilidad de acceder al reclamo judicial derivado del accidente.

– Las Comisiones Médicas Jurisdiccionales. Las Críticas:

 Tal como se señalara en la introducción, el artículo 1 de la ley 27.348 dispone la creación de las llamadas comisiones médicas jurisdiccionales, las que constituyen una instancia administrativa obligatoria para que el trabajador que sufra un accidente de trabajo concurra con su abogado y solicite la determinación del carácter profesional de la enfermedad, que fije su incapacidad y las indemnizaciones que le corresponden  derivadas de la misma.

 Otro punto que es preciso destacar de la ley que se analiza es que la misma determina que los trabajadores que sufran accidentes o enfermedades profesionales que no se encuentren registrados por sus empleadores – es decir, que se encuentren en negro -, no están obligados a someterse al dictamen de las comisiones médicas jurisdiccionales y pueden iniciar su reclamo ante la justicia del trabajo.

 En lo que respecta al procedimiento, el artículo 3 de la ley 27.348 prescribe que la comisión médica jurisdiccional dispone de sesenta (60) días hábiles administrativos para expedirse, los que se cuentan desde la primera presentación, y que este plazo puede ser prorrogado por cuestiones de hecho relacionadas con la acreditación del accidente o enfermedad profesional, las que deben ser debidamente fundadas. Posteriormente, la Superintendencia de Riesgos de Trabajo estableció que el plazo de prórroga no puede superar los treinta (30) días.

 La norma determina que una vez agotada la instancia ante la comisión médica jurisdiccional, las partes tienen dos opciones: pueden solicitar la revisión de la resolución ante la Comisión Médica Central o interponer recurso contra la resolución de la comisión médica jurisdiccional  ante la justicia ordinaria del fuero laboral.

 Por último, cualquiera de las partes puede interponer recurso directo ante la decisión Comisión Médica Central, ante los tribunales de alzada con competencia laboral o, de no existir éstos o ante los tribunales de instancia única con igual competencia, correspondientes a la jurisdicción del domicilio de la comisión médica jurisdiccional que intervino. Cabe señalar que este recurso es de carácter suspensivo, por lo que el trabajador no cobra reparación alguna hasta que el recurso se resuelve.

 Cabe señalar que con poco tiempo de vigencia el nuevo régimen que establece la ley 27.348 fue objeto de numerosas críticas de los especialistas en derecho del trabajo que  han señalado la inconstitucionalidad de la norma que impide el acceso a la justicia a los trabajadores que sufran accidentes de trabajo.

 La norma dictada de manera reciente por el Congreso, entonces, viola diferentes derechos y garantías establecidas tanto en la Constitución Nacional como en Tratados que tienen rango constitucional, de acuerdo con lo establecido en el artículo 75 inciso 22 de la Carta Magna.

 En primer término, la imposibilidad del trabajador que sufre un accidente laboral de recurrir a la justicia viola las garantías de juez natural, de acceso a la justicia y de debido proceso, establecidos en el artículo 18 de la Constitución Nacional. El objetivo del debido proceso legal es que las personas puedan proteger de manera efectiva y eficaz sus derechos. Es decir, que el proceso tiene que ser idóneo para el ejercicio y goce de los derechos.

 En el mismo sentido, el artículo 8 de la Convención Americana de Derechos Humanos – titulado “Garantías Judiciales” –  establece el derecho que tiene toda persona a ser oída, con las debidas garantías y en un plazo razonable, por un juez o tribunal competente, que sea independiente o imparcial, para la determinación de sus derechos de orden laboral o de cualquier otro carácter.

 Es decir que la letra de la ley 27.348 viola lo establecido por la Convención Americana de Derechos Humanos, ya que impide que los trabajadores que sufren accidentes de trabajo puedan recurrir a la justicia para defender sus derechos al obligarlos a recurrir ante una instancia de que depende del Poder Ejecutivo, que no se encuentra integrada por jueces sino por médicos, a los que se les otorga la facultad de determinar el carácter profesional de la enfermedad que es una potestad que se encuentra atribuida de manera exclusiva a los jueces que son profesionales del derecho.

 Otra garantía que vulnera la nueva ley es el principio de igualdad establecido en el artículo 16 de la Constitución Nacional, el que determina que todos los habitantes de la Nación son iguales ante la ley. Ello es así por determinar que aquellos trabajadores que no se encuentran registrados – “en negro” – no deben pasar por las Comisiones Médicas y tienen la posibilidad de interponer su reclamo ante la justicia. Esto implica que el nuevo régimen prescripto por la ley 27.348 pone en una situación más ventajosa a un trabajador que no está registrado frente a uno registrado, quién debe instar de manera obligatoria por una vía administrativa, violatoria de garantías y derechos constitucionales y convencionales.

– Otras Modificaciones: En este punto, pueden destacarse otros cambios que realiza la norma en análisis en el régimen vigente.

 En primer término, respecto de la competencia territorial, la nueva norma determina que en los accidentes laborales puede intervenir, a elección del trabajador, la comisión médica jurisdiccional que corresponde tanto al domicilio del trabajador, al lugar en donde éste trabaje, como al domicilio donde se reporta.

 También la ley 27.348 contempla la creación de un llamado Autoseguro Público Provincial para que las provincias, los municipios y la Ciudad de Buenos Aires puedan autoasegurar los riesgos del trabajo para los trabajadores regulados por el empleo público local.

 Por último, también se establecieron modificaciones en los coeficientes que se usen para calcular las indemnizaciones derivadas de los accidentes de trabajo, ya que se indica que los salarios que se utilicen para establecer el monto de las mismas tienen que ajustarse por aplicación de la variación del índice RIPTE (Remuneraciones Imponibles Promedio de Trabajadores Estables).

– Conclusiones: A modo de colofón, y de acuerdo a las críticas realizadas de manera precedente,  podemos señalar que la sanción de la ley 27.348 constituye un notable retroceso en lo que respecta a la protección de los derechos de los trabajadores.

 El establecimiento dependiente del Poder Ejecutivo que coarta la posibilidad del trabajador que sufre un accidente profesional de acceder a la justicia a los fines de proteger sus derechos implica una violación a derechos básicos que son piedras basales del Estado de Derecho y la división de poderes, que se encuentran contenidos en la Constitución Nacional, en los Tratados Internacionales que tienen jerarquía constitucional, y en otra normativa que torna inconstitucional la norma en análisis.

 Por lo expuesto en el párrafo anterior no caben dudas que con el correr del tiempo la norma será declarada inconstitucional y que el trabajador podrá reclamar por sus derechos derivados de accidentes de trabajo ante el Poder Judicial, por lo que, desde el ejercicio de la abogacía, es indispensable trabajar en pos de la derogación o la declaración de inconstitucionalidad de los artículos de la ley 27.348 que impiden el acceso a la justicia.