Ley de Riesgos del Trabajo

Ley de Riesgos del Trabajo

El Régimen Jurídico en Accidentes de Trabajo y Enfermedades Profesionales.

Por Diego Martín Andisco. Abogado (UBA). Periodista. Especialista en Derecho del Trabajo.

Introducción:

A modo introductorio, podemos señalar que el sistema legal vigente en materia de accidentes de trabajo, establecido por las leyes 24.557 y su modificatoria 26.773, obliga a los empleadores a contratar un seguro en entidades del derecho privado llamadas aseguradoras de riesgos del trabajo (ART).

El sistema, entonces, es administrado por las ART, que están supervisadas por la Superintendencia de Riesgos de Trabajo que es el organismo que actúa en la jurisdicción del Ministerio de Trabajo, Seguridad e Higiene de la Nación, cuya función principal  es verificar el funcionamiento normal del sistema y controlar que las ART cumplan con sus obligaciones.

En consecuencia, las personas sujetas de cobertura por la ley 24.557 y su modificatoria la ley 26.773, son:

1) Los trabajadores en relación de dependencia de la actividad privada.

2) Los funcionarios y empleados públicos.

3) Las personas obligadas a prestar un servicio de carga pública.

Contingencias cubiertas: De acuerdo a lo establecido por la ley 24.557, el sistema de riesgos de trabajo brinda cobertura de tres contingencias en particular, que son los  accidentes de trabajo,  los accidentes in itinere y las enfermedades profesionales.

1) Accidentes de Trabajo: se entiende por accidente de trabajo todo acontecimiento súbito y violento ocurrido por el hecho o en ocasión del trabajo.

Para que exista un accidente de trabajo no es preciso que el trabajador se encuentre desempeñando efectivamente tareas al momento del siniestro sino que basta con que esté a disposición del empleador. Tampoco es relevante si el siniestro ocurre fuera o dentro del establecimiento, ya que si acaece fuera del mismo también se configura un accidente de trabajo. Como un ejemplo de esta coyuntura puede citarse el de un cadete que sufre un accidente realizando una diligencia para su empleador.

2) Accidente in itinere: es aquel que ha ocurrido en el trayecto entre el domicilio del trabajador y el lugar de trabajo, o viceversa, siempre y cuando el accidentado no hubiere interrumpido o modificado el trayecto por causas que son ajenas al trabajo.

A los fines de ser cubierto, la ley establece que el trabajador puede declarar por escrito ante el empleador, y éste debe dar aviso dentro de un plazo de 72 horas a la ART, que el trayecto de la casa al trabajo puede modificarse por alguno de estos motivos:

– Por razones de estudio, cuando el trabajador sale del trabajo para dirigirse a una casa de estudios.

Por existir pluriempleo, esto es cuando el trabajador sale de su empleo y se dirige a otro.

– Por atención a un familiar directo enfermo y no conviviente. Esta circunstancia no implica que el familiar no habite en el mismo domicilio del trabajador en razones normales, ya que puede suceder que se encuentre internado en un centro de salud.

3) Enfermedades Profesionales: este es uno de los puntos cuestionados de la ley 24.557 y declarado inconstitucional por la jurisprudencia (hacer un link para ir al artículo de las inconstitucionalidades),  ya que la norma define las enfermedades profesionales por enumeración, y excluye afecciones sin fundamento alguno.

Las enfermedades profesionales son aquellas que se originan en el ambiente de trabajo y las que están incluidas en un listado que elabora el Poder Ejecutivo (hacer un link que lleve al listado).

Cabe destacar que hasta la sanción del decreto 1.278/2000, aquellas enfermedades que no se encontraban enumeradas en el decreto no eran resarcibles por la Ley de Riesgos de Trabajo, coyuntura que dio origen a la llamada “teoría de los daños extrasistémicos”, que fuera receptada por la Corte Suprema de Justicia (hacer un link para ir al artículo de las inconstitucionalidades) . A través de la misma,   el máximo Tribunal consideró aplicable la teoría de la reparación civil de las enfermedades no enlistadas si es que  mediaron causas jurídicas y materiales de reproche e imputabilidad al empleador en la causal de la enfermedad profesional.

Sujetos Comprendidos: Las personas físicas o jurídicas comprendidas en el sistema son las siguientes:

1) Aseguradoras de Riesgos de Trabajo: Las ART son entidades de derecho privado con fines de lucro, que para funcionar deben contar con la autorización tanto de la Superintendencia de Riesgos del Trabajo como de la Superintendencia de Seguros de la Nación. Las ART deben tener como único objeto el otorgamiento de prestaciones de la Ley de Riesgos de Trabajo.

Las obligaciones de las ART son:

a) Asegurar obligatoriamente a las empresas que las contratan.

b) Otorgar de manera obligatoria, bajo apercibimiento de sanción penal, las prestaciones de la ley, aun en aquellos casos en los que el empleador hubiera omitido declarar su obligación de pago o la contratación de un trabajador.

c) Afiliar al trabajador en el estado en que se halla al momento de hacerlo. Esto implica que no puede realizarse discriminación de ningún tipo ni exámenes de ingreso.

d) Llevar un registro de siniestralidad por establecimiento.

Es obligación de los empleadores denunciar que aconteció el siniestro, ya que a partir de ese momento comienza la obligación de cobertura de la ART.

Una vez ingresada la denuncia de un accidente de trabajo caben tres opciones:

a) Que se acepte el mismo.

b) El silencio. El mismo se entenderá como aceptación de la pretensión una vez que transcurrieron 10 días de recibida la denuncia.

c) El rechazo del siniestro. Esto sólo puede proceder por inexistencia en la relación laboral, por accidentes o enfermedades profesionales causadas por dolo del trabajador o fuerza mayor extraña al trabajo, o por tratarse de enfermedades preexistentes a la iniciación de la relación laboral, y acreditadas en el examen preocupacional realizado.

En el plazo en que se resuelve respecto de la procedencia de la denuncia, la ART debe otorgar prestaciones al accidentado.

2) Superintendencia de Riesgos del Trabajo: La Superintendencia de Riesgos del Trabajo es un organismo que depende de la Secretaría de Seguridad Social del Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social de la Nación, cuya misión es garantizar el efectivo cumplimiento del derecho a la salud y seguridad de los trabajadores.

Sus principales funciones son las siguientes:

a) Supervisar y fiscalizar el cumplimiento de las ART.

b) Imponer las sanciones previstas en la Ley de Riesgos de Trabajo.

c) Efectuar el control de las normas de higiene y seguridad del trabajo.

d) Requerir la información necesaria para el cumplimiento de sus competencias y efectuar allanamientos mediante orden judicial y el auxilio de la fuerza pública.

e) Administrar el Fondo de Garantía creado por la Ley de Riesgos de Trabajo.

f) Llevar el Registro Nacional de Incapacidades Laborales, en el cual se registran los datos de los siniestros ocurridos y se elaboran los índices de siniestralidad.

g) Supervisar y fiscalizar a las empresas autoaseguradas por el cumplimiento de las normas de higiene y seguridad del trabajo.

h) Supervisar y fiscalizar el Registro de Prestadores Médico Asistenciales.

i) Elaborar estadísticas sobre accidentabilidad laboral y cobertura del sistema de riesgos del trabajo.

3) Las Comisiones Médicas: Uno de los aspectos más cuestionados del sistema vigente es el rol de las Comisiones Médicas, que son tribunales administrativos conformados por médicos que tienen como función principal dictaminar el grado de incapacidad del actor y el carácter de la misma. Es decir que emiten la calificación médico legal que establece si efectivamente se trata o no de un accidente de trabajo o de una enfermedad profesional.

Más allá de las diversas objeciones que este sistema ha merecido en el ámbito de la doctrina y la jurisprudencia (hacer link con el artículo de las inconstitucionalidades) es preciso describir el procedimiento establecido por la normativa vigente.

De esta manera, la legislación establece que en los casos en los que el trabajador no estuviese de acuerdo con el alta otorgada por la ART o con el grado de incapacidad fijado, puede apelar dicha resolución en el plazo de 10 (diez) días ante la Comisión Médica interviniente en la zona del accidente, debiendo realizar una denuncia ante ella o comunicarlo a la ART por intermedio de carta documento en el plazo señalado.

En este caso, la Comisión Médica debe someter a evaluación médica al trabajador accidentado que tiene que concurrir a la audiencia que se fije a tal efecto, munido de estudios que justifiquen su reclamo.

Las resoluciones de las comisiones médicas locales son recurribles ante la Comisión Médica Central o ante el juez federal con competencia en cada provincia. Las resoluciones que dicte el juez federal y la Comisión Médica Central son recurribles ante la Cámara Nacional de la Seguridad Social.

Como ya se señaló al inicio de este punto, la existencia y el funcionamiento de las Comisiones Médicas ha sido objeto de numerosas objeciones, tanto de la doctrina como de la jurisprudencia 

A este respecto, se puede señalar como primer cuestionamiento que, de acuerdo al sistema vigente, los médicos integrantes de las Comisiones resuelven cuestiones de derecho referentes a trabajadores siniestrados que no tienen asistencia letrada. En ese mismo sentido, también este sistema veda a los trabajadores de gozar del derecho constitucional de acceso a la justicia y determina incapacidades menores a las reales y porcentajes mermados  si se los compara con otros que se utilizan en los fueros civil y laboral, lo que causa un notorio perjuicio a los trabajadores.

Por supuesto que la jurisprudencia determinó que los trabajadores pueden someterse al procedimiento establecido en las Comisiones Médicas y, posteriormente, reclamar la diferencia indemnizatoria en la justicia. Esto implica el reconocimiento del derecho que tienen los trabajadores de realizar el reclamo por vía judicial pese a haber pasado por las Comisión Médica e, incluso, luego de haber cobrado la indemnización que decida la misma.

Otro punto cuestionado, lo constituye el hecho que los gastos para el funcionamiento de las Comisiones Médicas son financiados, en parte, por las ART, lo que implica que la retribución de los médicos que deciden las controversias entre los accidentados y las aseguradoras, sea abonada por estas últimas, coyuntura que genera un conflicto de intereses y conspira contra su imparcialidad.

En el mismo sentido, la jurisprudencia también ha cuestionado las competencias que la normativa vigente le otorga a las Comisiones Médicas, en especial el análisis de los extremos para establecer si existe accidente o enfermedad profesional, cuando esta circunstancia es una facultad exclusiva de la justicia.

Por último, también se ha objetado fuertemente que la ley de riesgos de trabajo establezca la competencia federal para presentar las apelaciones contra los dictámenes de las comisiones médicas. De hecho, la Corte Suprema de Justicia de la Nación declaró la inconstitucionalidad del artículo 46 inciso 1 de la ley 24557 que determina la competencia de la justicia federal para impugnar las decisiones de las comisiones médicas.

Bibliografía:

Guía Práctica Profesional Riesgos de Trabajo de Ernesto Jorge Ahuad y Julio Alberto Grisolía. Editorial Estudio.

– Derecho del Trabajo y la Seguridad Social de Julio Armando Grisolía. Prólogo del Dr. Pedro Fernando Núñez. Proemio de la Dra. Estela Milagros Ferreiros. Editorial Lexis Nexis.