El Despido sin causa es violatorio del derecho humano al trabajo

El Despido sin causa es violatorio del derecho humano al trabajo

Por Leandro Ariel Rodriguez. Abogado especialista en derecho del trabajo

El despido arbitrario o sin causa no es una facultad del empleador como comúnmente se cree sino que es un acto contrario a la Constitución Nacional (art. 14 bis: “…protección contra el despido arbitrario) y los tratados internacionales en materia de derechos humanos incorporados a la Constitución (art. 75 inc. 22).

La acción y efecto de discriminar, son definidos por la Real Academia Española, como “separar, distinguir, diferenciar una cosa; dar trato de inferioridad a una persona”

En sentido jurídico, la discriminación se configura cuando la distinción de trato se da entre sujetos en igualdad de circunstancias, no existiendo causa de justificación, ergo, cuando es arbitraria. Así, la decisión unilateral del empleador de extinguir el contrato de trabajo sin que medie una causa objetiva de despido, resulta ser, en sentido jurídico, un evidente acto discriminatorio. Así, quien segrega a uno o más trabajadores sin razones objetivas, o sin explicar ni manifestar las existentes, ejerce una conducta jurídicamente discriminatoria al brindar un trato desigual —en el caso, negativo— a un sujeto de entre otros en igualdad de condiciones.

La dimensión del daño que apareja el despido arbitrario, es asombrosa. Desde el punto de vista extra-patrimonial, la discriminación ínsita en ese tipo de segregación afecta, directamente, la dignidad del hombre trabajador —inherente a su fuerza creadora— comprometida en el trabajo, e indirectamente, a un cúmulo de derechos humanos fundamentales que haya en aquella su asidero natural; como el derecho a la igualdad de trato; al trabajo; al proyecto de vida; a la familia.

Por ello todo despido sin causa objetiva que lo justifique, importa una arbitrariedad lesiva de un valor humano sagrado e irrenunciable: la dignidad de la persona. El hecho expuesto, refleja el grado inadecuado de protección que, frente al despido, confiere el art. 245 de la LCT al trabajador subordinado. En este sentido todo despido arbitrario es discriminatorio, y la discriminación se manifiesta, en el contrato, como hecho de violencia de quien detenta el poder contra la parte débil de la relación: el trabajador subordinado. Cabe hablar así, de una discriminación que lesiona directamente la garantía de igualdad (16 CN) y trato laboral no discriminatorio (art. 81 ley 20.744 – art. 1 Ley 23.592 y Tratados de derechos humanos, art. 75 inc. 22 CN).

¿La tarifa indemnizatoria cumple con la garantía constitucional de protección contra el despido arbitrario en el marco de los derechos humanos?

Actualmente los tratados internacionales exigen la causalidad del despido como medio adecuado y eficaz de protección, con derecho de opción, entre la reincorporación o una indemnización.

El despido sin causa contradice el Convenio 158 de la OIT. parte integrante del paradigma del Trabajo Decente que lanzó dicha organización, receptado en el art. 7 de la ley 25.877, porque no es digno que una relación destinada a perdurar en el tiempo pueda ser extinguida, sin elemento objetivo alguno, por la mera voluntad del empleador.

La tarifa indemnizatoria no protege contra el despido, precisamente porque lo supone y lo valida. Por tal razón, la contrariedad de la tarifa con la Constitución no refiere a la mayor o menor cuantía económica sino, precisamente, a la validez del despido incausado que impide la permanencia del trabajador, único modo de protegerlo contra el mencionado despido.

El artículo 6 del Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales enuncia el derecho a trabajar, comprensivo del derecho del trabajador a no verse privado arbitrariamente de su empleo. Por su parte la Convención sobre la Eliminación de todas las formas de Discriminación contra la Mujer señala que el derecho al trabajo debe ser considerado “inalienable de todo ser humano”

El derecho al trabajo se concreta en el derecho a la continuidad o estabilidad en el empleo, es decir, a no ser despedido si no existe una justa causa.

Luego, pesa sobre el Estado, independientemente de cualquier circunstancia o consideración, la obligación de no tolerar situaciones de discriminación en perjuicio de los trabajadores en las relaciones laborales privadas, ni permitir que los empleadores violen los derechos de los trabajadores o que la relación laboral contractual vulnere los estándares mínimos internacionales” (CSJN “Alvarez c/ Cencosud)