Las inconstitucionalidades de la Ley de Riesgos de Trabajo

Las inconstitucionalidades de la Ley de Riesgos de Trabajo

Por Diego Martín Andisco. Abogado (UBA). Periodista. Especialista en Derecho del Trabajo. 

Desde su sanción en 1995, hace ya casi 20 años, la ley 24.557 de Riesgos de Trabajo ha sido objeto de innumerables críticas por cercenar los derechos de los trabajadores que sufren accidentes de trabajo y enfermedades profesionales. Esta injusta situación ha sido subsanada por fallos judiciales, que declararon inconstitucionales diferentes artículos de la ley y permitieron a los trabajadores gozar, entre otros, de los derechos a la reparación integral y del acceso a la justicia en los casos de accidentes de trabajo. A continuación, se realizará breve un repaso de los principales fallos dictados por la Corte Suprema de Justicia de la Nación para reparar las inconstitucionalidades de la ley de Riesgos de Trabajo.

– Inconstitucionalidad del artículo 46 inciso 1: Este artículo establece la competencia de la justicia federal en aquellos casos en los que el trabajador no esté conforme y decida recurrir la resolución de las comisiones médicas. (Hacer link que lleve al otro artículo).

A este respecto, con fecha 7 de septiembre de 2004, la Corte Suprema de Justicia de la Nación determinó la inconstitucionalidad del artículo 46 inciso 1 de la Ley de Riesgos, en el fallo “Castillo, Ángel Santos c/ Cerámica Alberdi S.A.”. A través de este veredicto, el máximo tribunal hizo lugar a la petición del trabajador de declarar la inconstitucionalidad referida por entender que la norma establecida en la LRT resulta violatoria del principio de igualdad establecido en el artículo 16 de la Constitución, ya que las atribuciones judiciales que se les confieren a las Comisiones Médicas violan las garantías constitucionales de igualdad, de juez natural, de acceso a la justicia y de debido proceso.

El fallo de la Corte establece la inconstitucionalidad de la norma que federaliza las cuestiones referidas a la ley 24.557 por entender también que la misma vulnera las autonomías provinciales, en virtud de tratarse de conflictos entre privados y no resultar por su naturaleza ni en razón de la materia ni de las personas, cuestión federal.

Tal como señala el Dr. Julio Armando Grisolía, este precedente de la Corte implica que, en la práctica y más allá de lo establecido por la ley 24.557, en las controversias individuales que se susciten entre trabajadores, empleadores y aseguradoras de riesgos de trabajo, fundadas en las disposiciones de la LRT, deben ser tramitadas ante los tribunales locales del trabajo y regirse por las normas procesales comunes a este tipo de pleitos.

– Inconstitucionalidad de los artículos 21, 22 y 46: Mientras que los artículos 21 y 22 de la LRT le otorgan a las comisiones médicas la función jurisdiccional de determinar el grado de incapacidad de los trabajadores que sufrieron accidentes de trabajo, el 46 establece taxativamente y con carácter excepcional cuales son los casos en los que la justicia tiene competencia para resolver estas cuestiones.

Tal como se ha señalado oportunamente, los artículos enunciados en el párrafo anterior han recibido numerosos cuestionamientos en virtud de apartarse de principios básicos del derecho y por afectar garantías de raigambre constitucional.

En este punto, existen tres fallos de la Corte Suprema de Justicia de la Nación que declararon la inconstitucionalidad de las normas citadas y determinaron la posibilidad de los trabajadores de iniciar reclamos ante la justicia aún en aquellos casos en los que hayan pasado por las comisiones médicas.

El primero de ellos es “Saldaño, Carlos Roque c/Provincia A.R.T. S.A.”, de fecha 9 de agosto de 2005, en el cual la Corte determinó la competencia de la justicia del trabajo en lugar de la civil, pese a lo establecido por el artículo 46 inciso 2 de la ley 24557 que determina la competencia de ese fuero en aquellos casos de accidentes derivados de actos ilícitos.

Por su parte, en “Venialgo, Inocencio c/ Mapfre Aconcagua Aseguradora de Riesgo de Trabajo”, de fecha 13 de marzo de 2007, el máximo Tribunal aceptó la viabilidad del reclamo judicial ante la justicia laboral del trabajador accidentado en un caso en el cual la comisión médica había negado la cobertura.

Por último, en el fallo “Marchetti, Néstor Gabriel c/ La Caja ART S.A.”, dictado el 4 de diciembre de 2007, la Corte estableció la inconstitucionalidad de los citados artículos 21 y 46, en un caso en que el trabajador, luego de haber sido rechazado su reclamo por la comisión médica, se presento ante la justicia del trabajo para reclamar las prestaciones dinerarias de la ley.

– Inconstitucionalidad de los topes indemnizatorios: A este respecto, la ley 24.557 también estableció topes indemnizatorios para los casos de accidentes de trabajo y si bien los mismos quedaron sin efecto a partir de la entrada en vigencia del decreto 1.694/2009, existen litigios que todavía deben resolverse en los cuales no se aplica la reforma, ya sea por la fecha del siniestro, de la toma de conocimiento o del otorgamiento del alta médica.

A través del fallo “Ascua, Luís Ricardo c/ SOMISA” dictado por la Corte Suprema con fecha 10 de agosto de 2010, se declaró la inconstitucionalidad de los topes indemnizatorios al sostener que “…la modalidad indemnizatoria que escoja el legislador para cumplir con la protección constitucional del empleado frente a los daños derivados de accidentes o enfermedades laborales bajo un régimen tarifado – al cual apuntan los textos transcriptos -, no puede válidamente dejar de satisfacer, al menos, la pérdida de ingresos o de capacidad de ganancia de la víctima”.

En la misma sintonía, en el fallo “Berti, Alfredo Jesús c/ Asociación Civil CA Boca Juniors”, el máximo Tribunal también decidió declarar la inconstitucionalidad de los topes sistémicos.

Inconstitucionalidad de la imposibilidad de reclamar por el derecho civil: Los reclamos por el derecho civil son los llamados reclamos extrasistémicos, que no persiguen sólo las indemnizaciones acotadas que establecía la ley 24.557, sino la reparación integral y total de los daños, con fundamento en lo normado en diversos artículos del Código Civil (1.074, 1.078, 1.109 y 1.113, entre otros).

En este punto, es dable recordar que la ley 24.557 no le daba al trabajador la alternativa de reclamar con fundamento en el derecho civil, salvo aquellos casos en los que el accidente se produjera por dolo del empleador. Si bien la ley 26.773 derogó el artículo 39 de la LRT que establecía esta injusta prescripción, antes de la sanción de aquella, fue la Corte la que puso luz en esta cuestión y estableció la posibilidad de los trabajadores accidentados de reclamar la reparación integral de los daños.

Ya desde el momento de su sanción, la mayor parte de la doctrina sostuvo que el artículo 39 de la ley 24.557 violaba el principio de igualdad puesto que el trabajador quedaba en condiciones desfavorables por el solo hecho de su condición de tal en relación con el resto de los ciudadanos.

La Corte Suprema de Justicia declaró por primera vez la inconstitucionalidad del artículo 39 de la ley 24.557 a través de la sanción del histórico fallo “Aquino, Isacio c/ Cargo Servicios Industriales S.A.” de fecha 21 de septiembre de 2004.

En este caso, se hizo lugar a un reclamo indemnizatorio a un trabajador que sufrió un siniestro al caerle encima una chapa desde más de diez metros de altura cuando colocaba una membrana sin protección alguna, lo que le generó una incapacidad absoluta y permanente.

El máximo Tribunal determinó la inconstitucionalidad del artículo 39 de la ley de Riesgos al sostener que indemnizar es eximir de todo daño y perjuicio mediante un resarcimiento integral, por lo que deben incluirse las indemnizaciones establecidas en el Código Civil, en caso de corresponder.

En este precedente, señaló además que la LRT al eximir de responsabilidad civil al empleador cercena de manera inconciliable con los principios constitucionales, el derecho a obtener una reparación íntegra, y que esta restricción conceptual implica la frustración de la finalidad esencial del resarcimiento por daños sufridos a la integridad psicofísica del trabajador, puesto que la LRT no admite indemnización por otro daño que no sea la pérdida de capacidad de ganancia del trabajador.

Bibliografía:

Guía Práctica Profesional Riesgos de Trabajo de Ernesto Jorge Ahuad y Julio Alberto Grisolía. Editorial Estudio.

– Derecho del Trabajo y la Seguridad Social de Julio Armando Grisolía. Prólogo del Dr. Pedro Fernando Núñez. Proemio de la Dra. Estela Milagros Ferreiros. Editorial Lexis Nexis.